MADRID-BARCELONA.- Las fuerzas de seguridad españolas comenzaron ayer con la detención de 22 indignados que, el 15 de junio, impidieron el ingreso de diputados locales al Parlamento regional de Cataluña, a los que atacaron e insultaron verbalmente para tratar de impedir una sesión donde finalmente se aprobó un recorte a los gastos sociales del presupuesto.
En respuesta a esta decisión judicial, cientos de movilizados se congregaron en la plaza Cataluña de Barcelona, para protestar contra la medida, mientras se prepara la reactivación de la lucha de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre.
Con pancartas que decían: "si tocan a uno nos tocan a todos", "yo también estaba en el Parlament" y cantando consignas contra el gobierno de Cataluña, el grupo deliberó por varias horas pero finalmente decidió aplazar una decisión a la espera de eventuales nuevas detenciones.
Los indignados catalanes preparan una amplia movilización para este jueves a la tarde y una concentración en Barcelona. Convocados a través de redes sociales, los manifestantes han exigido que los detenidos por su presunta implicación en los estos hechos queden libres, sin cargos y no sean condenados a prisión por ello. La Justicia los imputa de un posible delito contra las instituciones del Estado (llamado "altos cargos de la Nación"), penado con entre tres y cinco años de prisión.
Los arrestos fueron ordenados por el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco. Los Mossos d'Esquadra (la Policía autonómica catalana) es el cuerpo encargado de ejecutar las órdenes, para tomarles declaración a los movilizados y entregarles una citación del magistrado, antes de dejarles de nuevo en libertad. Todos los acusados pertenecen al movimiento 15-M. La policía investiga la identidad de los promotores del bloqueo a la legislatura catalana.
Andreu García, abogado y miembro de la comisión jurídica del movimiento de los indignados, sostuvo que desde la comisión se dará todo el apoyo técnico a los detenidos. "Estos actos son una persecución política, las detenciones son innecesarias, ya que han sido de cara a la galería y podrían haberse resuelto con una citación judicial", planteó. Desde el gobierno regional justificaron las detenciones por la necesidad de realizar "una identificación" ordenada por el juez de la Audiencia Nacional y mantiene que no busca criminalizar el movimiento de protesta.
En el marco de las protestas del movimiento de los indignados, que irrumpió en España en mayo antes de las elecciones municipales y autonómicas, unas 2.000 personas intentaron boicotear el debate legislativo y mantuvieron en jaque durante todo el día a las fuerzas de seguridad.
El jefe del Gobierno catalán, Artur Mas, y varios de sus consejeros tuvieron que aterrizar en helicóptero en el complejo del Parlamento, mientras que los diputados que llegaron a pie recibieron gritos y sacudones de los manifestantes, que incluso llegaron a rociarlos con aerosoles y a lanzarles objetos.
La protesta derivó en enfrentamientos con la Policía, que en el lugar efectuó las primeras detenciones. (Télam-DPA-especial)
En respuesta a esta decisión judicial, cientos de movilizados se congregaron en la plaza Cataluña de Barcelona, para protestar contra la medida, mientras se prepara la reactivación de la lucha de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre.
Con pancartas que decían: "si tocan a uno nos tocan a todos", "yo también estaba en el Parlament" y cantando consignas contra el gobierno de Cataluña, el grupo deliberó por varias horas pero finalmente decidió aplazar una decisión a la espera de eventuales nuevas detenciones.
Los indignados catalanes preparan una amplia movilización para este jueves a la tarde y una concentración en Barcelona. Convocados a través de redes sociales, los manifestantes han exigido que los detenidos por su presunta implicación en los estos hechos queden libres, sin cargos y no sean condenados a prisión por ello. La Justicia los imputa de un posible delito contra las instituciones del Estado (llamado "altos cargos de la Nación"), penado con entre tres y cinco años de prisión.
Los arrestos fueron ordenados por el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco. Los Mossos d'Esquadra (la Policía autonómica catalana) es el cuerpo encargado de ejecutar las órdenes, para tomarles declaración a los movilizados y entregarles una citación del magistrado, antes de dejarles de nuevo en libertad. Todos los acusados pertenecen al movimiento 15-M. La policía investiga la identidad de los promotores del bloqueo a la legislatura catalana.
Andreu García, abogado y miembro de la comisión jurídica del movimiento de los indignados, sostuvo que desde la comisión se dará todo el apoyo técnico a los detenidos. "Estos actos son una persecución política, las detenciones son innecesarias, ya que han sido de cara a la galería y podrían haberse resuelto con una citación judicial", planteó. Desde el gobierno regional justificaron las detenciones por la necesidad de realizar "una identificación" ordenada por el juez de la Audiencia Nacional y mantiene que no busca criminalizar el movimiento de protesta.
En el marco de las protestas del movimiento de los indignados, que irrumpió en España en mayo antes de las elecciones municipales y autonómicas, unas 2.000 personas intentaron boicotear el debate legislativo y mantuvieron en jaque durante todo el día a las fuerzas de seguridad.
El jefe del Gobierno catalán, Artur Mas, y varios de sus consejeros tuvieron que aterrizar en helicóptero en el complejo del Parlamento, mientras que los diputados que llegaron a pie recibieron gritos y sacudones de los manifestantes, que incluso llegaron a rociarlos con aerosoles y a lanzarles objetos.
La protesta derivó en enfrentamientos con la Policía, que en el lugar efectuó las primeras detenciones. (Télam-DPA-especial)